La decisión tomada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires de renovar las licencias de funcionamiento a siete salas de bingo y tragamonedas despertó preocupación entre los diputados de la oposición que la calificaron de escandalosa. Daniel Scioli decidió renovar por decreto los permisos de operaciones de dichas salas que tenían vencimiento entre 2008 y 2011 sin haber mediado proceso de licitación alguno.
Los diputados por la Coalición Cívica calificaron de “escandalosa” dicha decisión y amenazaron con llevar el caso a la Justicia. De prosperar esta iniciativa dicho decreto podría ser considerado anticonstitucional. Por su parte el gobierno bonaerense ha justificado esa prórroga por “la imposibilidad técnica para efectuar el recambio del hardware y software [de las máquinas de las salas de bingo y tragamonedas] en lo inmediato frente a la exigüidad del plazo de vencimiento de los instrumentos contractuales vigentes”.
Desde la oposición declaran que este decreto “Es abiertamente inconstitucional, ya que se supone que el dinero debe ir a mejorar áreas clave de la administración pública…”. La decisión de renovar los permisos de funcionamiento a salas de bingo y tragamonedas, les quitó dinero a los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social aumentando las arcas del Instituto Provincial de Lotería y Casino, el cuál consideran un ente poco controlado.
El negocio de los bingos y tragamonedas deja millones de dólares por año y tras esta decisión queda claro que hay en juego muchos intereses que poco tienen que ver con el bienestar de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. La decisión se toma en línea con los fuertes vínculos que los empresarios del juego mantienen con la primera línea del poder nacional. Varios de los concesionarios han sido fuertes aportantes en las campañas electorales y han logrado funcionar con grandes ventajas a la hora de las licitaciones. Las salas de bingo y tragamonedas gestionadas por los grupos Codere, Del Valle, Ferrari, Grupo Blaquier, Intermar Bingos-Codere, Laquaniti, Mautone han sido beneficiadas por dicha resolución. Según un informe elaborado por los diputados que siguen este tema el negocio del juego en la provincia moverá este año más de 8.000 millones de pesos, de los cuales sólo 1/3 va a parar a manos del Estado.